- El escrito del fiscal que se halla en el origen de esta investigación judicial estima que hay “inacción” y “falta de control” de los responsables de Zubieta ante los riesgos para la salud y el ecosistema.
- Se trata del tercer caso de apertura de diligencias penales ligadas al funcionamiento del citado complejo.
- La Diputación de Gipuzkoa sigue haciendo caso omiso a sus propios informes, que hablan del grave efecto contaminante de la incineradora, y desorienta a la población con informaciones propagandísticas.
El Juzgado de Instrucción número cinco de Donostia ha abierto diligencias previas, a instancias de la Fiscalía de Medio Ambiente, por delito contra el medio ambiente por la existencia de contaminantes en “cantidades constitutivas de riesgo para la salud de las personas y el equilibrio del ecosistema con origen en la actividad de la incineradora.”
GuraSOS había denunciado públicamente a mediados de julio del 2022 la existencia de una muy grave contaminación de las aguas superficiales y subterráneas, así como del suelo alrededor de la incineradora, con metales pesados, dioxinas, furanos, fenoles, entre otras sustancias contaminantes que es conocida por los responsables de la incineradora (GHK) y las autoridades forales y del Gobierno Vasco (medio ambiente) desde hace dos años. Sin embargo GHK ha venido negando esa realidad hasta que el día de 3 de noviembre de 2022 en la asamblea del consorcio de residuos reconoció la existencia de un “incidente de filtrado lixiviado sin afección medioambiental”. Ahora se ha conocido que dicho Juzgado, siguiendo el escrito de denuncia del fiscal, ha puesto en marcha la investigación solicitada.
En fecha 14 de julio de 2022, la asociación GuraSOS puso en conocimiento de la Fiscalía Provincial de Gipuzkoa la existencia de un presunto vertido de materiales contaminantes procedentes de las instalaciones de la incineradora de Donostia a la regata Arkaitzerreka, al haber aparecido el día 13 de julio espuma blanca y líquido color ocre de forma ininterrumpida y en gran cantidad en la regata desde el dren de fondo que recoge las aguas subterráneas de la incineradora.
En septiembre de 2022, la asociación GuraSOS aportó diversa documentación adicional, entre ella los informes de la ingeniería IDOM de noviembre de 2021 y de la entidad de Control SGS de agosto de 2021 e informó del resultado del análisis de la toma de muestras en las aguas de la regata por parte de la Policía Local del Ayuntamiento de Usurbil que confirmaba la presencia de contaminantes (amonio, cloruros y metales pesados como cobre, níquel y cromo).
Los señalados informes demuestran la presencia de una grave contaminación con metales pesados, dioxinas y furanos en las aguas subterráneas y de TPHs y fenoles en el suelo desde diciembre de 2020 que era conocida por la Concesionaria, GHK y la Viceconsejería de Medio Ambiente.
“Falta de control”, a pesar del riesgo
De todo ello la Fiscalía “infiere la existencia de indicios de contaminación de las aguas subterráneas de la instalación del CMG con metales pesados generador de un riesgo para la salud de las personas y el ecosistema. De igual manera, se infiere la existencia de indicios de una presunta falta de control de la calidad del suelo y de las aguas subterráneas por parte del CMG pese a tener conocimiento del riesgo, sin haber realizado una exhaustiva evaluación de los mismos para efectuar una actuación de recuperación urgente. Dichos indicios son de entidad suficiente para la realización de una investigación al respecto”, lo que ahora hace suyo el Juzgado de Instrucción.
Investigación de la UCOMA de Guardia Civil
De hecho esa investigación se inició en el marco de las Diligencias de Investigación 59/22 incoadas por la Fiscalía tras la denuncia e GuraSOS. La fiscalía ordenó a la Unidad Central Operativa de Medio Ambiente (UCOMA) de la Guardia Civil para que inspeccionasen la regata, las instalaciones de la incineradora y averiguasen el origen del presunto vertido.
La UCOMA ya ha cumplimentado parte de las diligencias. En concreto procedió a la inspección de la regata y toma de muestras de su cauce a finales de julio cuyas evidencias están siendo analizadas en el Instituto Nacional Instituto de Toxicología y Ciencias Forenses. Por otra parte la Unidad técnica de la UCOMA ha realizado a mediados de octubre una “inspección técnica” de las instalaciones de la incineradora. En las próximas semanas la UCOMA deberá confeccionar un atestado de la investigación y remitirlo al Juzgado encargado de la investigación.
Discusión sobre el Juzgado competente
Por otra parte, a pesar de que la instrucción del caso se halla en el mencionado Juzgado, a fecha de hoy no se conoce cuál será el que llevará finalmente a cabo la investigación.
El Fiscal delegado de Medio Ambiente interpuso la denuncia ante el Juzgado de Instrucción N.º 5, por entender que afectaba a hechos similares, y que por tanto podrían considerarse “ conexos”[en dicho Juzgado se instruyen las Diligencias Previas 991/20 por un presunto vertido de amonio así como otros contaminantes en la regata Arkaitzerreka]. Sin embargo la titular de dicho juzgado no lo ha entendido así, y defiende que le corresponde el asunto al Juzgado de Instrucción N.º 4, por ser el que estaba de guardia. Este último Juzgado no comparte los argumentos esgrimidos por el Juzgado de Instrucción N.º 5 y ha rechazado su inhibición, por lo que será finalmente la Audiencia Provincial la que decida cuál será el juzgado que vaya a instruir la causa. Mientras tanto será el juzgado de Instrucción N.º 5 quien continúe con la investigación en las Diligencias previas 2241/2022. En ese punto son muchas las diligencias de investigación solicitadas por Fiscalía.
Más investigaciones judiciales por delito ambiental.
Como se ha señalado, no es el primer caso por delito contra el medio ambiente abierto en los Juzgados. Es ya la segunda investigación judicial abierta por contaminación procedente de la incineradora. La ya citada del Juzgado de Instrucción N.º 5 abierta en 2020 tiene por objeto el vertido de amonio pero también la aparición de otros contaminantes en una de las anguilas que aparecieron muertas en aquel caso y a la que se practicó una necropsia en la que se encontraron cloroalcanos, selenio, zinc y mercurio en grandes cantidades. Estas sustancias suelen generarse en la incineración de residuos. Pero además el Juzgado de Instrucción N.º 4 tiene abiertas las Diligencias Previas 2295/22 por prevaricación ambiental donde se halla imputado el responsable de las Autorizaciones Ambientales Integradas de la Vice-consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, por haber hecho la vista gorda, presuntamente, ante la existencia de un drenaje no autorizado en el conducto de gases de depuración, así como la ausencia de un sistema de interrupción automática de alimentación de los residuos cuando la incineradora supere los límites de emisión de gases contaminantes.
Diputación desinforma
En opinión de GuraSOS, resulta desconcertante, por inconsecuente, la actitud de la Diputación de Gipuzkoa que, soslayando informes que obran en su poder y que ponen de manifiesto graves efectos contaminantes en tierras y aguas de la incineradora e ignorando las causas judiciales que le afectan, se dedique a expandir loas mediáticas sobre la misma.
En un reciente reportaje, publicado por un único medio de comunicación de ámbito guipuzcoano, se afirmaba que “la incineradora cumple dos años con las emisiones muy por debajo del límite legal”. Daba detalles al respecto, pero la única fuente en la que se sustenta dicha afirmación es la propia Diputación, en el balance de actividad de la incineradora. No habla para nada de los informes de la consulta de ingeniería Idom, o de SGS, realizados a petición de GHK, según los cuales las cantidades de contaminantes aparecidos en los suelos y aguas subterráneas son tan extremadamente altas que superan el denominado “valor de intervención”, que es aquel por encima del cual se asume que existen riesgos inaceptables para la salud humana o los ecosistemas.
Esta actitud de la Diputación no sólo representa un fraude manifiesto hacia la sociedad y la opinión pública guipuzcoanas, sino que atenta de manera desafiante contra los acuerdos de Aarhus en materia de medio ambiente, según los cuales los poderes públicos están obligados a informar a la ciudadanía sobre los riesgos contaminantes de proyectos como la incineradora. Dichos acuerdos, de hecho, ni siquiera condicionan la obligación de informar a que los riesgos contaminantes existan o no, sino que dan por supuesto que los mismos son realidad incuestionable en dicho tipo de proyectos. Se trata del tercer caso de apertura de diligencias judiciales ligados al funcionamiento del citado complejo.
> Un juzgado de San Sebastián investiga como delito ambiental las filtraciones de la incineradora de Zubieta (EUROPAPRESS – 30/01/2023)
> Zubietako erraustegiko kutsaduraren auzian delitua egin duten ikertzen hasi da epaitegi bat (BERRIA – 2023/01/30)
> Zubietako erraustegiko isuriak ingurumenaren aurkako delitu diren ikertzen ari da epaitegi bat (NAIZ – 2023/01/30)
> Un juzgado investiga como delito ambiental las filtraciones de la incineradora (NOTICIAS DE GIPUZKOA – 30/01/2023)
> (Incineradora) Un juzgado investiga como delito la contaminación en la regata de Arkaitzerreka (DONOSTITIK – 30/01/2023)
> Un juzgado de San Sebastián investiga como delito ambiental las filtraciones de la incineradora de Zubieta (LA VANGUARDIA – 30/01/2023)
> La Fiscalía ve nuevos indicios de contaminación y falta de control en el entorno de la incineradora de Gipuzkoa (EL DIARIO – 31/01/2023)
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