Sacrificar autogobierno y derechos fundamentales por interes particular

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El Gobierno Vasco y Diputación de Gipuzkoa, a través de sus servcios jurídicos han dado su visto bueno al planteamiento de la inconstitucionalidad del artículo 3.4 de la Ley 3/1998 de protección general del Medio Ambiente de Euskadi, aprobada por el Parlamento Vasco hace 22 años, en concreto el 27 de febrero de 1998.

Lo han heho en el seno del recurso contencioso-administrativo 821/2016 interpuesto por la Asociación GuraSOS contra la Autorización Ambiental de la Incineradora de Donostia (Zubieta) y que está pendiente de sentencia en la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV).

Ese artículo de la Ley Vasca de Medio Ambiente faculta y legitima a toda persona y a las asociaciones ciudadanas a emprender acciones judiciales en defensa del medio ambiente.

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Es algo inaudito en la historia de lo que se conoce como sistema autonómico que el propio promotor de una Ley Autonómica, en este caso el Gobierno Vasco provoque y facilite que el Tribunal Constitucional la declare como inconstitucional.

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Se da además la circunstancia de que el art. 3.4 de la Ley Vasca de Medio Ambiente contó con un gran consenso. Votaron a favor del mismo PNV, PSE-EE, EA y PP. Nadie votó en contra ni puso en duda su constitucionalidad.

https://www.legebiltzarra.eus/ic2/restAPI/pvgune_descargar/default/c3e8ba95-fc4b-4f1c-b200-d78dbc33d1df

Los efectos.

La denominada acción pública en materia de medio ambiente prevista en el art. 3.4 de la Ley Vasca está prevista a dia de hoy en otras leyes similares aprobadas por los parlamentos autónomicos de Catalunya, Pais Valencía, Galiza, Illes Balears , Galicia e incluso por la Comunidad autónoma de Madrid.

La decisión de la Diputación de Gipuzkoa y del Gobierno Vasco por lo tanto tendrá efectos más allá del propio ámbito del autogobierno vasco y pone en peligro la posibilidad de defensa pública del medio ambiente en gran parte del Estado.

Las razones.

.La razón por la que lo hacen resulta vergonzosa. La Diputación de Gipuzkoa, el Consorcio GHK y Gobierno Vasco han provocado y favorecido la cuestión de inconstitucionalidad como medio para lograr que no se admita el recurso de GuraSOS contra la Autorización de la Incineradora. Buscan que el Tribunal declare la falta de legitimación de GuraSOS para recurrir y la garantista Ley Ambiental Vasca se interpone en sus planes.

Las instituciones vascas alegan que la ley Vasca sería inconstitucional porque las instituciones autónomicas vascas no tienen competencias legislativas en materia procesal, siquiera en materia ambiental donde cuentan con la competencia exclusiva.

Pretenden que el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco no entre al fondo del recurso sacándose a la asociación recurrente de encima, porque son sabedores que el recurso prosperaría por la evidente nulidad de la autrización de la incineradora.

En resumen, para salvar el proyecto de la incineradora atacan y sacrifican el Autogobierno, la defensa del Medio Ambiente y el derecho de la ciudadanía al acceso a la Justicia.

El desenlace.

El Tribunall Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad mediante Providencia de 6 de mayo de 2020, en pleno Estado de Alarma.

GuraSOS ha interpuesto frente a la misma un Recurso de Súplica el pasado 12 de mayo alegando la inadmisibilidad de la cuestión de incosntitucionalidad.

El Pleno del Tribunal Constituciobnal se va a reunir en las proximas semanas para estudiar este recurso de GuraSOS que busca salvar la Ley Vasca y de paso obligar al TSJPV a dictar sentencia sobre el fondo del asunto.

Las próximas semanas van a ser intensas y cruciales. Intensas porque el procedimiento legal contempla que en las próximas semanas tengan que dar su parecer en este asunto la Fiscal General del Estado, el Congreso de Diputados, el Selado, el Gobierno de España a través de la Abogacía del Estado, el Gobierno Vasco y el propio Parlamento Vasco que aprobó la Ley.

Cruciales, porque están en juego muchas cosas. Si miramos en corto, el futuro de la incineradora depende de este pleito. Pero a largo, están en juego los derechos fundamentales de las personas, la proteción del medio ambiente, el acceso de la ciudadanía a la justicia, tanto en general, para controlar al poder como en particular para defender la salud y proteger el Medio Ambiente. En fin palabras tan gruesas como Democracia y Autogobierno. La calidad democrática y el derecho a participar. El derecho a decidir y el derecho a mantener lo decidido sin que te lo anulen en silencio, sin enterarte y por la puerta de atrás.

Habrá que estar atentos.

Zubieta, por la senda de Zaldibar

5 claves para entender el escándalo de Zubieta y el silencio que lo rodea.

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El grave accidente ecológico y medioambiental de Zaldibar es el resultado de un ingente cúmulo de irregularidades y quebranto de normas y leyes, acopiados durante muchos años y desde el comienzo mismo, que apuntan a la responsabilidad y la culpa directas no sólo de la empresa explotadora del vertedero, sino a la propia administración, en sus diferentes niveles. Y el presidente Urkullu se enfada porque ahora la Comisión Europea tome cartas en el asunto. La incineradora de Donostia-San Sebastian (Zubieta), que aún se halla en periodo de prueba, es ya en su corta vida una alumna aventajada de la carrera de desmanes que llegaron a acumularse en Zaldibar, con el trágico resultado que todos conocemos.

¿Cómo se explica que un accidente químico grave como el descubierto el pasado 9 de mayo, con afección al medio ambiente, con cientos de peces y anguilas muertas, ocurrido en la instalación más controvertida de los últimos 10 años en Gipuzkoa, que está funcionando sin licencia, con graves irregularidades contractuales y ambientales denunciadas por la sociedad civil crítica, pase casi inadvertida como un suceso menor? ¿Cómo se explica que este asunto no esté en la agenda política ni ocupe un lugar preferente en los medios de comunicación acorde con su gravedad?

Trataremos de ofrecer en este artículo las claves para poder calibrar la gravedad de lo ocurrido, haciendo hincapié en el contexto de graves incumplimientos contractuales, administrativos y ambientales en el que se ha producido y que son en última instancia las circunstancias que han propiciado este grave accidente, así como el anterior ocurido el 11 de junio de 2019.

Analizaremos también el papel que está jugando quienes en el pasado se han opuesto a ese modelo de gestión de reiduos y que incomprensiblemente parecen haber renunciado  a mantener en su contra una oposición política y de control. Creemos que deben resetear su  estrategia actual “del avestruz” porque sería un grave error mirar hacia otro lado en un caso tan grave y flagrante como este.

Y no podemos olvidar que estamos en pleno periodo pre-electoral. Todos en “modo electoral”. Esta clave explica muchas de las maniobras de este affaire. Todo esto y más en 5 claves.

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1.- LA COMUNICACION.

Gobierno Vasco y Diputaciones han demostrado en los dos últimos sucesos ambientales graves (Zaldibar y Zubieta) que por encima del deber de información ambiental y sanitaria prima la conveniencia de quedar bien y de ocultar las responsabilidades en lo sucedido. Eso le ha costado una mal digerida reprimenda europea, pero lejos de enmendar, la crisis de Zubieta ha demostrado que son incumplidores reicidentes.

En el suceso de Zubieta el Gobierno Vasco está afectado de pleno como luego veremos, en concreto las Consejerías de Interior, la de Industria y la de Medio Ambiente. También el Gobierno de España, en concreto  su Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior que ha debido ser informado a través del Delegado del Gobierno e incluso la Comisión Europea a la que hay que informar preceptivamente del acidente.

Ninguna de las anteriores instancias ha realizado comunicación alguna al respecto. Tampoco lo ha hecho la Diputación Foral. La comunicación ha quedado ceñida a dos breves notas de prensa de GHK, sin ninguna comparecencia. No ha habido entrevista alguna de los responsables políticos. De hecho los medios de comunicación se están enterando realmente de lo ocurrido a través de los comunicados y entrevistas de GuraSOS.

VERSION OFICIAL: DEL NEGARLO TODO AL “HA SIDO EL CAMIONERO”

confidencialNo descubrimos la pólvora. Sabemos que todo plan estratégico tendrá un siniestro plan de comunicación detrás. Lo novedoso en este caso es que en su día descubrimos el documento que contenía ese plan y lo hicimos público. Está colgado en nuestra web.

Tal y como publicamos hace poco en este mismo blog ese plan prevé para estos casos una mesa de crisis para gestionar comunicativamente la misma, de manera coordinada entre GHK y la Diputación Foral.

Esa mesa de crisis comunicativa ha fracasado  estrepitosamente. Emitieron un primer comunicado la mañana del domingo 10 de mayo negando incluso la posibilidad del vertido desde las instalaciones de la incineradora. Sin embargo 4 días después reconocían el vertido en una segunda nota, pero lo imputaban a la descarga de un camión cisterna de amoniaco dentro de las instalaciones.

En la primera nota se deslizó otro importante “error”. Para reafirmar su inocencia daban cuenta de la existencia de dos anteriores episodios de vertidos en ese mismo arroyo cuya autoría no se les había  podido atribuir, pero de cuya existencia habían olvidado informar a la opinión pública en su día. Obviamente, a la vista de lo que ha pasado, ahí tenemos otro hilo del que tirar para seguir con la investigación de las irregularidades de esta instalación.

Como denunció ayer GuraSOS la versión oficial del accidente de la cisterna no se sostiene en absoluto. En primer lugar no sirve para exonerar a la incineradora como se pretende. La operación de descarga del amoniaco (sustancia química peligrosa) no es responsabilidad del camionero o del suministrador de la misma sino del operador de la incineradora. Es más, de acuerdo con el  Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias la incineradora debe contar con un cargadero o puesto de descarga de camiones cisterna, dispuesto de manera “tal que cualquier derrame accidental fluya rápidamente hacia un sumidero, situado fuera de la proyección vertical del vehículo, el cual se conectará con la red de aguas contaminadas o a un recipiente o balsa de recogidas” (art. 35 de las Instrucciones Técnicas)

Además para la puesta en servicio de esa estación de descarga se requiere que hayan  finalizado las obras de ejecución y la legalización de la misma ante el Departamento de Industria del Gobierno Vasco, quien tiene además la responsabilidad de inspección de las mismas.

Sólo caben extraerse dos opciones de la versión oficial. O la misma es falsa y no hubo tal derrame en descarga de camión cisterna de amoniaco alguno o lo que hubo no fue un accidente sino la perpetración de un flagrante delito medio ambiental.

Si las instalaciones se han hecho de acuerdo a la Ley, que es lo que debe suponerse, el derrame de la descarga sólo ha podido terminar en un depósito o balsa conectado con el circuito interno de contaminates. Sería imposible físicamente que terminara en el cauce del arroyo.

Si la descarga se ha hecho sin cumplir esas medidas de suguridad no estaríamos hablando de un accidente, sino de un delito por realizar una actividad peligrosa absolutamente reglada saltándose todas las normas de protección ambiental y laboral .

¿Para qué mentir entonces? La versión oficial no nos la creemos, por imposible. Sobre las razones por las que se ha cambiado de versión y se ha encontrado esta, sólo cabe especular. Con la misma se trata de “despejar y alejar la responsabilidad sobre un tercer suministrador ajeno a las modernas e infalibles instalaciones. Además puede que lo que se pretende es desviar la atención de un problema estructural que afecte a los lixiviados de los residuos, que también contienen amonio.

Lo único claro en este asunto es que no podemos esperar que las autoridades competentes nos informen cuando pase algo ni mucho menos que nos cuenten la verdad. ¿Cabe un proyecto peligroso como este sin transparencia y sin credibilidad de sus gestores?

2.-GRAVEDAD.

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La estrategia comunicativa de DFG/GHK ha buscado minimizar el accidente, para convertirlo en suceso resuelto. Sin embargo la versión oficial describe lo que claramente se trata de un accidente químico grave. Posiblemente  sus redactores, mal informados, no eran conscientes de ello.

El vertido de amoniaco con afección al medio ambiente es un accidente químico grave, tal y como lo define el artículo 3.1 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre sobre accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas.

Todo lo que tiene  que ver con el manejo de estas sustancias peligrosas está miniciosamente regulado, en concreto en el Real Decreto 656/2017 que aprueba el Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y en el anteriormente citado sobre accidentes químicos.

Por ese motivo se deberían haber activado sendos protocolos. Por un lado debió informarse al Departamento de Industria pues así lo establece el art 8 del Reglamento industrial de Almacenamiento de Productos Quimicos y personal técnico del mismo se debería haber personado en el lugar del accidente y tomar cuantos datos estime oportunos que permitan estudiar y determinar las causas del accidente. A él le corresponde además el control de este tipo de instalaciones y la potestad sancionadora. ¿Alguien ha oído siquiera mentar a este Departamento?

Además de ello debería haberse informado a la Dirección de Emergencias de la Consejería de Interior  en cumplimiento del artículo 17 del Real Decreto 840/2015, de 21 de septiembre, dando cuenta de las sustancias peligrosas y cantidades implicadas inicialmente en el accidente, las medidas de emergencia interior adoptada y las medidas de apoyo exterior necesarias para el control del accidente.

Las autoridades autonómicas están obligadas a desarrollar una investigación y un análisis completo del accidente en los aspectos técnicos, de organización y de gestión así como para cumplir los requisitos de información a la Comisión Europea.

El Gobierno Vasco debería haber informado a la Delegación del Gobierno correspondiente y, en su caso, a la Subdelegación del Gobierno de la provincia donde esté radicado el establecimiento, así como a la Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior a través de la Sala Nacional de Emergencias. ¿Lo han hecho?

3.- EL ARBOL Y EL BOSQUE: PRIVATIZACION Y FALTA DE CONTROL DEMOCRATICO

InakiArriolaPodemos decirlo más alto pero no más claro. El máximo responsable del suceso es la Consejería de Medio Ambiente. Por la sencilla razón de que permite el funcionamiento de la incineradora SIN LICENCIA NI CONTROLES.

GHK no ha acreditado el cumplimiento de las condiciones establecidas en la Autorización Ambiental: presentación de la documentación, comprobaciones y  mediciones para que la Consejería de Medio Ambiente realice la preceptiva visita de inspección y comprobación previa al inicio del funcionamiento o puesta en marcha de las instalaciones con las debidas garantía y control.

Además se les ha pasado el plazo máximo que tenía para ello por lo que en estos momentos la Autorización Ambiental se encuentra caducada y sin vigor  por ese motivo.

Tratarán de usar la excusa del Covid 19 y la suspensión de los plazos administrativos que ha conllevado, pero esa excusa no sirve porque el propio Diputado Asensio ha confesado públicamente que el problema no es que no pueda presentar la documentación, sino que no la tienen disponible porque les faltan las comprobaciones para solicitar la efectividad de la autorización.Nos consta que han tenido problemas para acreditar el cumplimiento de los valores máximos de emisión pactados en el contrato (más exigentes) e incluso los exigidos en la Autorización.

De hecho la incineradora está funcionando en periodo de pruebas desde el 24 de abril de 2019. El periodo de pruebas tenía una duración máxima de 5 meses que fue prorrogado por Medio Ambiente hasta los 7,5 meses. Este plazo también ha transcurrido con exceso (lo hizo ya en enero) y por lo tanto debiera declararse también la caducidad de la autotización por este segundo motivo.

El hecho de que las instalaciones lleven más de un año en funcionamiento sin la efectiva Autorización conlleva ni más ni menos que no están siendo sujetas al control de la Consejería de Medio Ambiente ni de vertidos, ni de emisiones ambientales, ni de nada.

La Consejería de Medio Ambiente no ha validado que las instalaciones funcionan con seguridad para las personas y el medio ambiente. Para entendernos, no cuenta con una licencia en vigor ni ha pasado la inspección de comprobación necesaria para funcionar. Y ya se sabe que estas cosas siempre terminan mal.

Lo cierto es que TODO el expediente administrativo, contractual y ambiental de la incineradora es infumable.La incineradora ha resultado ser un fiasco ambiental, económico y democrático. El modelo de gestión de residuos que representa ha quedado trasnochado antes de empezar a andar. El proyecto se ha impuesto a base de romper las reglas de juego democráticas e impedir la participación ciudadana. Pero no ha convencido. La supuesta inocuidad de su actividad es percibida mayoritariamente como altamente contaminante y peligrosa para la salud.

El aspecto económico tampoco es menor. La fórmula de privatización escogida (Contrato de Concesión de Obra) para burlar las reglas del déficit y del endeudamiento han supuesto un sobrecoste de 350 millones de Euros, a lo que hay que sumar los “favores” que hay que pagar al concesionario por haberles hecho “el juguetito”. Hablamos de los más de 31 millones de euros por penalizaciones “perdonados” a día e hoy. Las obras llevan un retraso de 14 meses y la puesta en marcha va para 8 de retraso. De acuerdo con el contrato la adjudicataria debería haber abonado ya esa cantidad por penalizaciones pactadas por el retraso. ni las han pagado ni nadie les ha recriminado seriamente por ello.

4.- LA RESPONSABILIDAD.

itxaso urkulluA esta altura el lector ya se ha percatado de que la concesionaria Ekondakin será responsable sí, pero no el responsable último ni siquiera el principal.

Hay muchas, muchísimas responsabilidades que depurar.

La responsabilidad es en primer lugar de la Consejería de Medio Ambiente quien está permitiendo este cúmulo de irregularidades cuando debería haber decretado el cese de actividades por haber finalizado el periodo máximo de pruebas y haber caducado la Autorización. El acidente no hubiera ocurrido si hubiera cumplido sus obligaciones. Debe decretar inmediatamente el cese de la actividad y la caducidad de la AAI además de abrir los expedientes sancionadores y de investigación oportunos.

El Departamento de Industria algo tendrá que decir y hacer. Nada sabemos del expediente sancionador que abrió a Ekondakin en otoño de 2019 por el accidente del transformador clandestínamente construido y puesto en marcha. Tendrá que realizar las investigaciones del acidente químico que la ley le exige y abrir los correspondientes expedientes sancionadores. Deberá aclarar si la estación de descarga de amoniaco está legalizada y cumple con la normativa y clausurarla inmediatamente si no es así.

Otro tanto deberá hacer la Dirección de Emergencias del Gobierno Vasco y el Delegado de Gobierno, que a la sazón es buen conocedor del proyecto y sus circunstancias. Como exigen la Ley y las Directivas Europeas, Denis Itxaso deberá comunicar este accidente al Ministerio de Interior a fin de que el Gobierno de España informe a la Comisión Europea.

Muchas tareas, muchas exigencias legales. Esto nos lleva a la responsabilidad de la Sociedad, la de los medios de comunicación y la de la oposición política. Cada uno en su ámbito debe colaborar en el esclarecimiento de los hechos y en la depuración de las responsabilidades para ejercer entre todos la responsabilidad universal de preservar el medio ambiente.

5.- LA CLAVE ELECTORAL

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Para entender por qué los partidos que sostienen el gobierno foral y el proyecto están haciendo lo que están haciendo y para entender por qué los partidos que están ahora en la oposición no están haciendo lo que se supone que deberían estar haciendo hay que tener en cuenta que todos ellos están en “modo electoral”.

La clave electoral ha marcado los destinos de este proyecto. Se paralizó en 2011 fruto de unas elecciones, se reactivó en 2015 fruto de otras. Eso ha marcado y mucho.

Por cálculo electoral los defensores del proyecto decidieron en 2015 que utilizarían la Autorización Ambiental de abril de 2010 para reactivar el proyecto pese a saber que la misma caducaba en abril de 2016.

Por cálculo electoral, los promotores del proyecto “inauguraron anticipadamente” la Planta TMB el 24 de abril de 2019, poco antes de las elecciones de mayo de 2019 para demostrar que las obras no es que iban en plazo, es que son tan buenos gestionando que iban adelantados.

No importa que fuera mentira. Eso vendía y eso tocaba. La cosa es que con esas anticipaciones terminaron construyendo y poniendo en marcha el transformador principal sin la autorización de Industria del Gobierno Vasco. Era un 11 de junio de 2019. Explotó el transformador y las obras se retrasaron más todavía.

Esta clave explica también que tras el escandaloso y grave accidente ambiental del pasado 9 de mayo, aquí no pase nada, nadie de explicaciones y nadie las pida.

Esperamos, exigimos, que esto cambie. Por el bien del futuro ambiental y democrático.

 

 

 

 

 

 

 

Responsables de la incineradora de Zubieta impidieron la entrada en primera instancia a inspectores de URA que investigaban el desastre de Arkaitzerreka

  • Los hechos han sido desvelados por la asociación GuraSOS, aludiendo a una versión coincidente de fuentes diversas de la máxima solvencia.

  • La asociación exige la dimisión del Diputado Asensio y explicaciones al Diputado General Markel Olano.

  • Indica que la nota de GHK lejos de zanjar el asunto abre interrogantes acusadores sobre el desarrollo del proyecto y sus responsables.

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Responsables de la planta de la incineradora de Zubieta impidieron la entrada en una primera instancia al inspector de URA que el pasado sábado día 9 de mayo acudió a primera hora de la tarde a dichas instalaciones con el fin de “inspeccionar en caliente” las causas de la muerte de los peces del río Arkaitzerreka. Respondiendo a gestiones posteriores el inspector tuvo finalmente acceso al interior del edificio.

La información de la que dispone GuraSOS, y que se describe en las líneas anteriores, es una versión coincidente de fuentes diferentes, todas ellas de la máxima solvencia.

Según dichas fuentes, un guarda forestal de la Diputación Foral de Gipuzkoa y un inspector de la Agencia Vasca del Agua (URA) se personaron en las instalaciones de la incineradora de Donostia (Zubieta) a primera hora de la tarde de aquel sábado.

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Una vez personados los funcionarios debidamente identificados en el acceso a la incineradora, un guarda de seguridad de dicha instalación les impidió el paso y comunicó inmediatamente vía telefónica a responsables de la incineradora de la presencia de los inspectores y su pretensión de acceder a las instalaciones a fin de investigar y esclarecer las causas del suceso. Los responsables decidieron denegar el acceso a los inspectores, lo que comunicaron telefónicamente al guarda de seguridad, quien siguiendo esas órdenes impidió el paso del inspector y del guarda forestal que le acompañaba.

Esta decisión supuso un retraso y obstaculización de la “inspección en caliente” que pretendían llevar a cabo los investigadores del vertido, toda vez que en estos casos la celeridad es imprescindible para evitar que se modifiquen, diluyan o desaparezcan las evidencias que pudieran facilitar el esclarecimiento de los hechos.

Según la información de la que dispone GuraSOS, el inspector pudo finalmente acceder al interior del recinto de la incineradora, aunque después de una larga espera. Por el momento se desconocen los motivos de los responsables de las instalaciones para cambiar la actitud obstructora inicial, así como las gestiones concretas que pudo realizar el inspector en el interior de aquellas.

GuraSOS está en disposición de desvelar en los próximos días nuevos aspectos relacionados con detalles técnicos del vertido.

Obstrucción abiertamente ilegal

La negativa de los responsables de la incineradora a dar acceso a la labor inspectora es abiertamente ilegal. De hecho, la Ley de Prevención y Control Integrado de la Contaminación tipifica como “infracción grave” “retrasar u obstruir la actividad de inspección y control”, imponiendo para esos casos una sanción económica entre 20.000 y 200.000 € y la clausura de la instalación hasta 2 años.

La Ley vasca de Medio Ambiente es muy clara al respecto del deber de permitir el acceso a los inspectores en el ejercicio de su función.

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A la vista de los hecho que aquí se relatan, la celeridad y la aparente contundencia de la nota de GHK, una vez que resultaba imposible ocultar por más tiempo la responsabilidad de la incineradora en el desastre de Arkaitzerreka, lejos de zanjar el asunto y echar tierra rápidamente sobre él, como seguramente es su intención, no hacen sino incrementar interrogantes acusadores contra el conjunto de responsables que inciden en la incineradora, es decir, instituciones y empresa.

Para empezar, el diputado Asensio, que saltó a los medios intentando exculpar del vertido a la incineradora, debería haber dimitido ya, por voluntad propioa, o por indicación del diputado general, Markel Olano, en su calidad de máxima autoridad unipersonal de la Diputación de Gipuzkoa. No ha ocurrido ni lo uno ni lo otro.

Necesidad de urgentes explicaciones y aclaraciones.

plan confidencial

Los hechos hablan por si mismos. GHK se ha visto obligada a rectificar su postura inicial de ocultar y negar el grave accidente. Ocultó el suceso que se ha conocido por la colaboración ciudadana. Mintió sobre la inexistencia de vertido a cauce en Arkaitza, negó tajantemente su responsabilidad.

Pero sigue ocultando la verdad y ha activado su plan comunicativo de crisis previsto en el Plan confidencial de Comunicación que en su día desveló GuraSOS:

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Según el plan comunicativo del contrato, esa estrategia comunicativa además es coordinada con el Gobierno Foral:

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Ante estos graves hechos Gurasos solicita inmediatamente la comparecencia y explicaciones del Diputado General y la dimisión del Presidente de GHK Jose Ignacio Asensio.

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La opinión pública debe conocer la identidad de las personas que intervinieron en la inicial toma de decisión de impedir el acceso de los inspectores, las gestiones que se produjeron posteriormente hasta la modificación de esa primera decisión, sobre el tiempo transcurrido hasta que finalmente pudo acceder el inspector de URA, sobre si durante ese tiempo se realizó alguna actividad o maniobra tendente a evitar el esclarecimiento de lo ocurrido y aclarar por qué en la nota de prensa de GHK se ofrecía públicamente la máxima colaboración con las labores de investigación mientras se ocultaba la grave obstrucción acaecida.

Deberá también explicar por qué no existe un protocolo por el cual el personal de seguridad del acceso a las instalaciones conozca el deber legal de permitir el acceso a los inspectores debidamente identificados.

Finalmente, se solicita a la Agencia Vasca del Agua URA que estudie el conflicto de intereses del señor Asensio en cuanto promotor de una actividad contaminante con autorización de vertido y a su vez Consejero del Consejo de Administración de dicha Agencia.

Por ese motivo, se solicita de URA que haga contar en el expediente incoado y en los informes y actas levantadas las circunstancias relativas al retraso y obstrucción de la inspección, proponiendo al órgano competente la incoación del correspondiente procedimiento sancionador por dicho motivo y haga un esfuerzo a fin de despejar las dudas razonables que pueden existir en la opinión pública sobre la afección en este expediente del descrito conflicto de intereses del Consejero Asensio.

Una investigación independiente y clausura de la instalación.

Exige además que se lleve a cabo una investigación externa e independiente que esclarezca lo sucedido y la situación de ilegalidad ambiental y contractual en que está operando la incineradora así como la clausura cautelar inmediata de la misma por la Viceconsejería de Medio Ambiente.

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¿Cuantas más desgracias tienen que ocurrir para reconocer que el modelo de gestión privada elegido no garantiza nuestra seguridad y el medio ambiente y de que estamos ante una actividad peligrosa y contaminante incompatible con estos tiempos?

De hecho, se trata del segundo accidente grave ocurrido antes de haberse puesto en marcha la actividad que se vendió como hipersegura y moderna. El anterior fue la explosión del transformador principal el 11 de junio de 2019 cuando se construyó y puso en marcha sin contar con la autorización de industria.

El responsable es GHK, no Ekondakin.

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Por otra parte, la nota de GHK que apunta a la responsabilidad de Ekondakin oculta una circunstancia esencial para determinar de quién es la responsabilidad última de lo ocurrido.

En este momento las instalaciones están todavía en obra, en la fase de pruebas. En estas circunstancias la responsabilidad última de lo que pasa en las instalaciones y las decisiones y órdenes las da el Director del Contrato, Cesar Gimeno, que es a su vez el Director General del Contrato y hombre de confianza de Asensio. El sr. Gimeno no es un desconocido para Asensio y sobre todo para el Consejero Arriola, pues este lo nombró Vicepresidente ejecutivo de ETS.

La Asamblea de GHK del pasado 28 de abril modificó el Contrato para establecer un denominado “periodo de pruebas extraordinario” carente de base legal en base al cual está funcionando a día de hoy pese a no contar con la Autorización ambiental definitiva.

En dicho contrato se establece que es el Director del Contrato quien realiza la supervisión del control ambiental y tiene la última palabra, pudiendo incluso ordenar el cese de las pruebas. Transcribimos a continuación la cláusula del contrato:

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Los magistrados del TSJPV recurren al Constitucional para deslegitimar a GuraSOS con vistas a acciones legales en el conflicto de la incineradora de Zubieta

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  • La asociación mantiene varios litigios judiciales abiertos así cono una denuncia ante la Comisión Europea

  • Ha presentado hoy un recurso de súplica ante el alto tribunal español contra la cuestión de supuesta inconstitucionalidad planteada

  • Denuncia que se le quiere quitar de en medio por las iniciativas judiciales planteadas en torno a los casos de Zubieta y Zaldibar.

  • Llama a incorporar dibujos infantiles de peces, en referencia a la catástrofe acaecida en Arkaitza Erreka, en la “sirenaldia” del próximo domingo.

GuraSOS ha interpuesto esta mañana un recurso de súplica contra la admisión a trámite por el TC de la cuestión de inconstitucionalidad planteada por la Sala de lo Contencioso del TSJPV.

Denuncia que se le quiere quitar del medio porque su labor de control de las actuaciones ambientales de las administraciones vascas resulta incómoda.

Lejos de renunciar a su labor, convoca para este domingo, coincidiendo con la protesta semanal de la sirena de alarma sanitaria (Sirenaldia) por la contaminación de la incineradora, a sacar al balcón dibujos infantiles de peces para denunciar la muerte de cientos de ellos el pasado sábado aguas abajo de la incineradora, en Arkaitza Erreka.

GuraSOS interpuso a finales de 2016 un recurso ante el TSJPV en contra de la autorización Ambiental de la incineradora. (Recurso Contencioso-administrativo 821/2016).

La estrategia jurídica de GHK, Diputación Foral de Gipuzkoa y Gobierno Vasco fue la de intentar sacar del medio a la asociación de madres y padres negando su legitimación para recurrir dicha autorización en defensa de sus hijas e hijos.

Sin embargo, la Sala de lo Contencioso-Administrativo del TSJPV desestimó dicha alegación mediante Auto de 25 de septiembre de 2018. Y lo hizo además con gran contundencia, condenando en costas a la Diputación y afirmando textualmente que concurría dicha legitimación con “evidencia”.

El pleito por lo tanto siguió adelante pese a los deseos de las administraciones demandadas y llegó el momento en el que el alto tribunal vasco tenía que dictar sentencia. Ese día señalado para la votación y fallo de la sentencia era el 11 de febrero de 2020.

Pocos días antes se había producido el grave suceso de Zaldibar en el que también estaba implicada la consejería de Medio Ambiente del Gobierno Vasco, precisamente en otra Autorización Ambiental sobre infraestructuras de residuos y llena de sospechas de ilegalidad. Y todo esto en medio de una convocatoria electoral.

Se desconoce hasta qué punto pudieron influir las anteriores circunstancias en la decisión final del TSJPV, pero lo cierto es que el mismo sorprendió al día siguiente, 12 de febrero, con una providencia en la que planteaba la pertinencia de plantear ante el TC una “cuestión de inconstitucionalidad” en relación al artículo 3.4 de la Ley 3/1998, General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, emitida por el Parlamento de Vasco, que regula la acción pública en materia medio ambiental.

Paradójicamente el propio TSJPV, en un pronunciamiento anterior se había manifestado en sentido contrario. Había declarado, en el auto de 25-09-2018 y sin ningún género de duda, que GuraSOS contaba con esa legitimación en aplicación del artículo 19.1 b) de la Ley estatal de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Es más, el propio Auto recogía que, además de esa legitimación, GuraSOS había invocado la acción pública urbanística recogida en la legislación estatal al denunciar que la autorización recurrida era contraria al Plan Territorial Sectorial de Infraestructuras de Gestión de Residuos de Gipuzkoa.

Es decir el TSJPV contaba no con una sino con dos opciones para reconocer legitimación a GuraSOS y admitir el recurso sin tener que aplicar la norma autonómica que también reconoce la acción pública en medio ambiente.

Pese a todo y previas las alegaciones de las partes, el TSJPV decidió finalmente plantear la cuestión de inconstitucionalidad mediante Auto de 9 de marzo de 2020, que notificó a GuraSOS el 16 de marzo de 2020.

GuraSOS interpuso en el plazo legal un escrito solicitando la aclaración, subsanación y complemento en su caso del mencionado Auto de 9 de marzo, en base al art. 267 de la Ley Orgánica del Poder Judicial señalando al TSJPV las anteriores contradiciones en que ha incurrido.

El TSJPV no ha resuelto dicha solicitud y ha remitido la cuestión de inconstitucionalidad sin haber dado conclusión al mismo como le obliga el art. 35 de la Ley Orgánica del Tribunal Consitucional.

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Recurso de Suplica, Fiscal General del Estado y Pleno del TC

El recurso de súplica ahora presentado por GuraSOS implica que la Fiscal General del Estado deberá emitir informe sobre el mismo, al tiempo que requierá pronunciamiento del Pleno del Tribunal Constitucional toda vez que éste se ha reservado para si la resolución de este asunto.

Quitarse del medio el control social.

A nadie se le escapa que, a vista de las medidas descritas, parecen desproporcionados los esfuerzos, medios e instancias del Estado requeridos para frenar la acción judicial de una simple asociación ciudadana de una pequeña localidad, como es GuraSOS.

Europara goaz

GuraSOS hace su lectura de estos hechos. Estima que las administraciones vascas, promotoras de las actividades contaminantes, no quieren verse sometidas al control democrático, crítico e independiente de la ciudadanía. Menos aún al acceso de éstas a los recursos judiciales. Buscan la inmunidad y la impunidad. Para ello no escatiman en medios ni esfuerzos.

Somos conscientes de que molestamos. Hemos denunciado la ilegalidad de la licencia de la incineradora, nos hemos personado en el Juzgado de Instrucción de Durango para solicitar la investigación de los responsables del Gobierno Vasco y de las empresas que vertían en Zaldibar, hemos reclamado judicialmente a la concesionaria de la incineradora de Donostia a que abone 21 millones de euros que GHK le está perdonando por incumplir los plazos contractuales, hemos desvelado planes confidenciales de comunicación para influir en la opinión pública en el tema de la incineradora, hemos denunciado con datos en la mano las falsedades que vierten las autoridades sobre las mediciones de dioxinas o, por poner un último caso, las manipulaciones en relación con el vertido de aguas contaminantes en la regata de Arkaitzaerreka.

Por ello hace un llamamiento a quienes, con independencia de su posición personal en relación a uno u otro proyecto público o su posición ideológica, prioricen la salud democrática y los derechos fundamentales, y con mayor razón el derecho a proteger la salud y acceder a los instrumentos y garantías de control de la actuación de los poderes públicos para que alcen la voz frente a esta flagrante injusticia.

En ese mismo sentido confía en que la Fiscalía General del Estado actúe en este caso con la independencia que le corresponde, velando por el respeto de los derechos fundamentales y las libertades públicas, en especial el derecho de la ciudadanía a la tutela judicial.

 

 

 

 

 

 

 

 

PRECISIONES A LA NOTA DE GHK SOBRE VERTIDO EN LA REGATA ARKAITZA

GURASOS, quiere salir al paso de la nota de prensa de GHK donde pretende excluir su responsabilidad antes de empezar una investigación cuando en estos momentos está funcionando anormalmente sin autorización ambiental y por ello, sin control alguno por parte de Medio Ambiente.

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Nota aclaratoria de GHK sobre el vertido producido en una regata próxima al CMG de Zubieta

En relación con el supuesto vertido en una regata próxima a las instalaciones del CMG de Zubieta, GHK desea hacer constar que las plantas del Complejo Medioambiental de Gipuzkoa no vierten a cauce fluvial alguno. Las aguas utilizadas en los procesos de las distintas infraestructuras (Planta de Tratamiento Mecánico Biológico, Planta de Valorización Energética, Planta de Biometanización y Planta de Tratamiento de Escorias) circulan en un circuito cerrado, que cuenta con sus propios sistemas de depuración, sin que se realicen vertidos al exterior. La única instalación del entorno que vierte a la regata es un depósito de pluviales, cuando rebosa el agua de lluvia recogida.

En cualquier caso, el suceso está en manos de la Agencia Vasca del Agua, Ura, que ha tomado muestras en la zona para determinar el origen del posible vertido. En ocasiones anteriores en las que se produjeron situaciones similares, la investigación realizada confirmó que la procedencia de los vertidos era ajena a las instalaciones del CMG de Zubieta. Como no puede ser de otra manera, GHK prestará su total colaboración y facilitará a la Agencia toda la información de la que disponga, para contribuir al completo esclarecimiento de los hechos.

Zubieta, 10 de mayo de 2020

Hemos resaltado en negrita las cuestiones de la nota que a nuestro entender necesitan ser objeto de precisión, aclaración o directamente desmentido:

PRIMERA.– Es FALSO que no exista vertido previsto por el Complejo de la Incineradora de aguas con sustancias contaminantes a la regata Arkaitza como pretende hacer creer la nota. Se reproduce a continuación lo que al efecto señala la autorización Ambiental:

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SEGUNDA.- Tampoco es cierto que no se haga vertido alguno al exterior. La Autorización prevé hacerlo al colector del Añarbe en caso de mantenimiento del depósito:

“Los efluentes generados en las distintas fases de proceso se reutilizarán en su totalidad, no estando previsto que se produzca ningún vertido procedente de estos efluentes. Únicamente podrá producirse un efluente del depósito de esta agua en las operaciones de mantenimiento del mismo, en cuyo caso, el efluente se verterá a la red de saneamiento (colector de Aguas del Añarbe). A este colector se dirigirán igualmente las aguas sanitarias.”

TERCERA.- Que el asunto esté en manos de URA, la agencia del agua, no da a día de hoy degraciadamente garantía alguna. Lo que debían ser estructuras técnicas dirigidas con criterio de independencia, no son sino parte de una administración con dirección política. En este caso además esa dirección de URA es ejercida por Ernesto Martinez De Cabredo, presidente de la empresa Zuribar SL de la que es consejero el dueño de Verter Recycling 2012 Ignacio Barinaga Eguia. Ernesto Martinez de Cabrero ha sido durante muchos años, Director Gerente de Amenabar.

CUARTA.- GHK insinúa en su nota que URA “descubrirá” que la responsabilidad de los vertidos es ajena al Complejo incinerador como “En ocasiones anteriores en las que se produjeron situaciones similares”.

Esta afirmación no tiene desperdicio. Está reconociendo que se han producido otros incidentes que desconoce la opinión pública. Dice que se produjeron situaciones similares. ¿Similares, hasta el punto de que murieran los peces masivamente como en esta ocasión? ¿Por qué han ocultado esos episodios? ¿Donde están las investigaciones? ¿Quiénes han resultado ser los responsables?

La afirmación resulta extraña, cuando el técnico de URA, Josu Perea, ha señalado esta  mañana en una entrevista en directo en Euskadi Irratia que no han existido otros episodios anteriores en esta zona en los últimos  10 años.

QUINTA.- Afirma GHK que contribuirá al completo esclarecimiento de los hechos. Desde luego no ha empezado con buen pie y mal augurio el que tenga que hacer uso de informaciones falsas o manipuladas.

Su postura autosuficiente contrasta con la situación de alegalidad, si no abierta ilegalidad en la que se encuentra en funcionamiento dicho Complejo. A día de hoy la autorización ambiental no es efectiva y los controles previstos en la misma simplemente no se han activado. El complejo lleva funcionando “en pruebas” un año, cuando el plazo máximo previsto en la Autorización para dicho funcionamiento era de 5 meses, después prorrogado hasta 7,5 meses.

El día 18 de abril finalizaron los 48 meses que tenían para cumplir el condicionado de la Autorización sin que lo hayan hecho, por lo que la Autorización ha caducado.

SEXTA.- La hipótesis de la relación directa entre el Complejo y el vertido se intensifica a la luz de los antecedentes conocidos de la incineradora de Zabalgarbi, que fue sancionada en 2010 con 30.000 € por contaminar las aguas tras realizar una serie de actividades -relacionadas con limpieza del horno caldera- en zonas que no estaban «habilitadas» para ello, ya que no se encontraban «impermeabilizadas» .Se constató la presencia de ciertos metales pesados -arsénico-, cloruros y un incremento de la conductividad.

https://www.elcorreo.com/vizcaya/20090717/vizcaya/contaminacion-zabalgarbi-llega-niveles-20090717.html

https://www.elcorreo.com/vizcaya/v/20100208/vizcaya/gobierno-vasco-multa-zabalgarbi-20100208.html

Bularreko minbizien kasuak % 52raino gehitzen dira udal hondakinen erraustegitik bost kilometroko erradioan, eta % 28raino hamar kilometroko erradioan.

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  • Hala ondorioztatu du orain arte egin den ikerketa sendoenak, azken 30 urtetan AEBetako prestigio handieneko unibertsitate eta ospitaleek burutu dutena.

  • Euskal Herriko kasuan 570.000 izango ziren arriskuan leudekeen emakumeak, EAEan bizi direnen erdia baino zertxobait gehiago.

Bularreko minbizien kasuak %52raino gehitzen dira erraustegitik bost kilometroko erradioan eta %28an, hamar kilometrokoan, orain arte egin den azterlan zientifikoki apelaezinenak ondorioztatu duenez. Lehen emaitzak apirilean plazaratu dira, eta Amerikako Estatu Batuetan minbiziaren ikerketan prestigio handiena duten unibertsitate eta ospitaleetan egin da.

Datu hori prestigio handia duen Environmental Research aldizkari zientifikoak eman du apirileko alean, eta gaur GuraSOS elkarteak jakitera eman du prentsaurrekoan.

GuraSOSeko bozeramaileek euren buruari galdetzen diote “Zifra horiek berez aztoragarriak badira udal hondakinen erraustegien kasuan, zer ez ote da izango horri Zaldibarko industri hondakinak erantsiz gero, eta hori gaur egun Zubietan gertatzen ariko da”.

569.534 euskal emakume kaltetuak, EAEn bizi diren emakumeetatik erdia baino gehiago.

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Halaxe da, azterlana egin dute Bilboko Zabalgarbi edota Donostiako Zubietako udal hondakinen erraustegien bezalakoen gainean.

Zubietakoari dagokionez, 10 kilometroko erradioak hiriburu guztia eta Gipuzkoaren zati handia hartzen du, mendebaldetik Zarautzeraino, eta Hegoaldetik Anoeta herriraino, eta zonalde horretan 308.016 pertsona bizi dira, eta horietatik emakumeak 159.254. (Iturria INE 2019)

Herri hauek hartzen ditu: Zarautz, Orio, Anoeta, Alkiza, Larraul, Villabona, Asteasu, Aia, Irura, Aduna y Zizurkil, eta Donostia, Hernani, Andoain, Urnieta, Lasarte-Oria eta Usurbil; horiek denak 5 kilometroko erradioan.

Zabalgarbiri dagokionez, Bilbo eta Alonsotegi 5 kilometroko erradioan daude eta 10 kilometrokoan: Arrigorriaga, Galdakao, Erandio, Leioa, Getxo, Sestao, Portugalete, Barakaldo, Basauri, Derio, Zamudio…. Zonalde horretan 810.580 pertsona bizi dira eta emakumeak 410.030 dira. (Iturria INE 2019)

Guztira 1.118.596 pertsona, EAEko bi erraustegien eragin zuzeneko eremuan bizi direnak, hots, biztanleen %51.

AEBetako elite zientifikoak egindako azterlana, 116.000 erizain harturik aztergai.

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Azterlanaren berme zientifikoa apelaezina da. Berdinik gabeko lagin baten gainean egin da azterlana bi aldetatik. Batetik, partaide kopurua: 112.397 emakumek hartu dute parte, denak osasun sistemako erizainak. “Horrek ekarri du hasiera baten hautaturiko 116.000 pertsonetatik azkenera arte 112.000 erizainek jarraitu izana, nahiz eta egindako azterlanaren konplexutasuna itzela izan”, CSICeko Eduardo García Farrek esatera**. Bestetik, epealdia: azterlana 1989tik 2013ra egin da (24 urte).

Rodriguez Farré doktoreak nabarmendu du azterlanaren sendotasuna. AEBetako unibertsitate (Harvard, Yale, Kalifornia) eta ospitale garrantzizkoenek hartu dute parte eta AEBetako osasun institutuek, kasu, Minbiziaren Ikerketarako Marylandeko Institutu Nazionalak; nabarmendu du “beharbada, orain arte dioxinek bularreko minbizian duten eraginari buruz egin den azterketa zabalena izan dela.”

Aditu horrek nabarmendu duenez, azterlanak ezabatu ditu “nahaste faktoreak” deituak, zeinak minbizian eragin dezaketen beste balizko kausa batzuk diren, kasu, bizilekuko kutsadura kimikoko mailak, bizi-maila, dioxinen beste iturri batzuk, ibilgailu zirkulazioa, industri kutsadurako beste iturri batzuk…, eta garbi azaleratu du “modu nabarmenean bularreko minbizi gehiago gertatzen direla udal hondakinen erraustegietatik gertu bizi diren emakumeetan, gainerako emakumeetan gertatzen direnekin alderaturik”-

Azterlan honen arabera, asoziazio positiboak daude hondakin erraustegiekiko esposizioaren eta bularreko minbiziaren arrisku inbaditzailearen artean. Rodríguez Farré doktorearen arabera, azterlan honen emaitzek indartzen dituzte beste minbizi mota batzuei buruz egindako azterlanenak, esaterako, Karlos III.a Institutuak egina, zeina azterlan honek aipatzen duen, edota Errusian, Britainia Handian edo beste herrialde batzuetan egindakoenak.

Azterlanaren ondorioen arabera, ezein udal erraustegitik hamar kilometroko erradioan bizi ziren emakumeek, bizi ez zirenekiko, batez beste %15eko arrisku handiagoa zuten bularreko minbizia garatzeko eta gehienez %28koa. 5 kilometroko erradioan bizi ziren emakumeen arriskua, berriz, %52raino hel daiteke, eta batez bestekoa %25ekoa da.

Azterlan hau beste azterlan orokorrago eta handinahiagoko baten zati da, AEBetako “erizainen osasunari buruzkoa”. Espero da ondoko emanaldietan beste eduki batzuk azaleratuko direla egindako azterlan itzel horretatik.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120304096

** Bartzelonako Ikerketa Biomedikoen Institutuko profesorea (Karlos III.a Institutuarekin partzuergoan) eta Europar Batzordeko Osasun Zuzendaritzaren aditu aholkularia, ingurumeneko substanzietako toxikologian espezializatua.

 

Los casos de cáncer de mama aumentan hasta un 52 por ciento en un radio de cinco kilómetros de una incineradora y hasta un 28% en el de diez.

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  • Según la investigación más sólida de este tipo hasta ahora realizada, en la que han intervenido las universidades y hospitales más prestigiosos de EEUU durante más de 30 años.

  • Aplicados estos datos al caso vasco, serían 570.000 las mujeres en riesgo, algo más de la mitad de las que residen en la CAV.

Los casos de cáncer de mama aumentan hasta en un 52 por ciento en las poblaciones que se hallan en un radio de cinco kilómetros de una incineradora, y en un 28 por ciento en el radio de diez kilómetros, según el estudio* científicamente más inapelable hasta ahora realizado, cuyos primeros resultados han sido publicados en el presente mes de abril, y en el que han participado las universidades, hospitales y centros de investigación del cáncer más prestigiosos de Estados Unidos.

El dato ha sido arrojado por la prestigiosa revista científica Environmental Research, en su número correspondiente al presente mes de abril, y desvelado hoy por la Asociación GuraSOS, en el transcurso de una rueda de prensa.

Si estas cifras son de por sí extremadamente alarmantes en el caso de las incinedaroras de residuos municipales, imaginaos el resultado de la combustión agregada de residuos industriales como los de Zaldibar, lo que puede estar ocurriendo ya en Donostia (Zubieta)”, se preguntan los portavoces de GuraSOS.

569.534 mujeres vascas afectadas, más del 50% de las que viven en la Comunidad Autónoma Vasca.

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Efectivamente, el estudio realizado versa precisamente sobre incineradoras de residuos municipales, como las de Zabalgarbi en Bilbao y la de Zubieta en Donostia.

En el caso de esta última el radio de 10 kilómetros abarca toda la capital donostiarra y una gran parte de Gipuzkoa que va por el oeste hasta Zarautz y por el Sur hasta la localidad de Anoeta, zona en la que residen 308.016 personas, de ellas 159.254 mujeres. (Fuente INE 2019)

Abarca las localidades de Zarautz, Orio,Anoeta, Alkiza, Larraul, Villabona, Asteasu, Aia, Irura, Aduna y Zizurkil, además de las localidades de Donostia-San Sebastian, Hernani, Andoain, Urnieta, Lasarte-Oria y Usurbil, que se encuentran en el radio de 5 kilómetros.

En el caso de la de Zabalgarbi, Bilbo y Alonsotegi se encuentran en su radio de 5 kilómetros y en el de 10 kilómetros la Arrigorriiaga, Galdakao, Erandio, Leioa, Getxo, Sestao, Portugalete, Baracaldo, Basauri, Derio, Zamudio…. En esa zona viven 810.580 personas de las cuales 410.030 son mujeres. (Fuente INE 2019)

En total son 1.118.596 las personas que viven en la zona directa de afección de las dos incineradoras de residuos municipales e la CAV, es decir el 51% de su población.

Un estudio realizado por la élite científica norteamericana estudiando a 116.000 enfermeras.

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El aval científico del estudio resulta por otra parte inapelable. Se ha trabajado sobre una muestra sin parangón en un doble sentido. Por una parte, la amplitud de la misma. Han participado 112.397 mujeres, todas ellas enfermeras del sistema sanitario. “Ello ha permitido que de las 116.000 personas elegidas inicialmente se mantuvieran hasta el final las 112 mil referidas, a pesar de la enorme complejidad de estudio abordado”, según indica el experto del CSIC Eduardo García Farré**. El periodo de realización de la investigación comprende desde el 1989 hasta el 2013.

El Dr. Rodriguez Farré ha destacado la solidez del estudio realizado por las más prestigiosas Universidades y Hospitales de USA (Harvard, Yale, California) y por los Institutos de salud de EEUU como el Instituto Nacional de Maryland de investigación del Cáncer, del que ha considerado como “quizás el más amplio que se haya hecho hasta el presente sobre el impacto de las dioxinas sobre un aspecto específico de la salud, como es el cáncer de mama.”

Según ha destacado este experto, el estudio ha eliminado los llamados “factores de confusión” que son otras posibles causas que pueden influir en la causa del cáncer, como los niveles de contaminación química del lugar de residencia, nivel de vida, otras fuentes de dioxinas, tráfico, otras fuentes de contaminación industrial…, lo que ha permitido evidenciar que “claramente hay mayor incidencia del cáncer de mama en las mujeres que residen en las cercanías de las incineradoras de residuos municipales respecto al resto de las mujeres”-

Los resultados de este estudio apoyan asociaciones positivas entre la exposición a dioxinas de las incineradoras de residuos y el riesgo invasivo de cáncer de mama. Según el Dr. Rodríguez Farré refuerza en sus conclusiones otros estudios que habían llegado a las mismas respecto a otros tipos de cáncer, como el realizado por el Instituto Carlos III, que este estudio cita, además de otros realizados en Rusia, Gran Bretaña y diversos países más.

De acuerdo con las conclusiones del estudio, las mujeres que residían dentro de los diez kilómetros de cualquier incineradora municipal de residuos sólidos en comparación con las no expuestas a una incineradora tenían un mayor riesgo de cáncer de mama del 15% de media y de un máximo del 28%. En el caso de las mujeres que vivan en el radio de 5 km, el riesgo puede llegar a un 52% mayor, con una media del 25%.

Este estudio forma parte de un otro más general y ambicioso sobre la “salud de las enfermeras” en EEUU. Se espera que en entregas posteriores salgan a la luz otros contenidos de la magna investigación realizada.

https://www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S0013935120304096

** Profesor del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona (consorciado con el Instituto Carlos III) y experto asesor de la Dirección de Salud de la Comisión Europea, especializado en toxicología de sustancias ambientales