VALORANDO LA REUNIÓN CON TODOS LOS GRUPOS POLÍTICOS DEL PARLAMENTO VASCO EN RELACIÓN CON LA INCINERADORA DE GIPUZKOA


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Hoy a las 10:30 horas una representación de GuraSOS ha mantenido una reunión en una Sala del Parlamento Vasco con representantes de todos los grupos políticos representados en el parlamento.

GuraSOS ha expuesto y entregado a los grupos un detallado Informe en el que denuncia el incumplimiento de leyes autonómicas en la política de gestión de residuos y la dejación de competencias por las instituciones comunes, lo que ha provocado su ejercicio ilegal por las instituciones forales de Gipuzkoa.

En dicha reunión ha solicitado al parlamento vasco que las instituciones autonómicas ejerzan sus funciones y competencias en materia de planificación de infraestructuras de residuos y reconduzcan la dejación de sus propias competencias.

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GuraSOS valora positivamente:

a) Que se haya hablado de este asunto en el Parlamento Vasco, lo que prueba que no estamos hablando de un problema de Gipuzkoa, o no al menos sólo de Gipuzkoa.

b) Que se haya hablado en torno a una mesa, con participación ciudadana y la presencia de todos los grupos políticos.

c) Que se centre el debate en lo esencial, la falta de una planificación y coordinación en la política de gestión de RSU, la falta de análisis de la NECESIDAD de una nueva instalación. ¿Se van a gastar más de 1000 millones de euros sin saber siquiera si es necesario? Se ha planteado claramente que existen indicios claros de lo contrario. Por ejemplo con la ampliación de un nuevo turno de trabajo en la instalación de Zabalgarbi.

¿Es admisible asumir el riesgo que este tipo de actividad contaminante conlleva cuando siquiera se ha estudiado si es o no necesaria a escala autonómica?

– Por último, hemos compartido nuestra impresión de que este asunto se está gestionando políticamente de manera deficiente, tratando de enfrentar la legitimidad de las instituciones con el activo democrático de la participación directa de los ciudadanos en la gestión de los problemas que le afectan. La sociedad del Siglo XXI no entiende ni va a permitir que su futuro se gestione dando la espalda a la ciudadanía a la que conscientemente se está impidiendo participar. Se está tratando de hacer un fortín de las instituciones donde reside la información y se debate y se trata de reducir el papel ciudadano al de una papeleta de papel que se introduce en una urna cada 4 años. Es un grave error. La participación ciudadana enriquece la democracia representativa y le dota de mayor legitimidad. Por el contrario, tratar de evitarla, no hace sino debilitar la democracia y la legitimidad de las instituciones.

– Es un error apreciar la gestión de los residuos como un conflicto y un buen terreno para el enfrentamiento político donde sacar réditos. Debemos mirar más allá y ver una oportunidad, no tanto un problema, ver una solución consensuada en vez de un conflicto, ver que la gestión eficiente del asunto nos va a hacer crecer como sociedad, ambientalmente, económicamente y sobre todo democráticamente. Es una oportunidad inmejorable para hacer una sociedad y una convivencia más saludable, en todos los aspectos.

– No se puede poner puertas al campo. La ciudadanía va a informarse, va a debatir y va a decidir sobre la política de gestión de residuos, incluida la necesidad y conveniencia de la nueva instalación incineradora en Donostia. Aunque las instituciones no lo quieran y se niegan a hacerlo, la sociedad civil en los próximos meses va a poner en marcha un proceso participativo que va a concluir con una propuesta de PIGRUG actualizado y conforme a la normativa europea, partiendo de la premisa de que la mejor solución será una solución legal, consensuada y compartida.

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A modo de síntesis os señalaremos cuáles son esos incumplimientos y dejaciones:

– Incumplimiento del art. 11.1,a del Estatuto de autonomía: No está ejerciendo las competencias que tiene encomendadas en materia medio ambiental (art. 7 de la Ley 3/1998, de 27 de febrero, de protección general del Medio Ambiente), ni cumpliendo sus fines de protección (art. 2 Ley 3/1998) y coordinación (art. 8 Ley 3/1998 ). En realidad carece de una política ambiental en materia de gestión de RSU (Art. 5 Ley 3/1998). Más concretamente incumplimiento del art. 73 de la Ley 3/1998 que establece el concreto deber de aprobar un plan autonómico de infraestructuras de RSU, hoy inexistente 20 años después.

– Se está dejando en manos de los Territorios Históricos la capacidad de decidir libremente la instalación de incineradoras (sobredimensionamiento) cuando esa decisión pertenece al ámbito autonómico donde debe residir el análisis de la suficiencia o necesidad de instalaciones de este tipo. Es el Plan Autonómico previsto en el art. 73 de la Ley el único instrumento legalmente habilitado para decidir acometer la incineradora de Gipuzkoa. No es una decisión que corresponda a las institucionales forales, a éstas sólo le corresponde DESARROLLAR el plan autonómico.

– A falta de planificación no puede autorizarse una instalación contaminante como esta. Por ese motivo el órgano debía haber denegado la autorización. Lejos de hacerlo hemos denunciando a los parlamentarios que la administración ambiental ha actuado arbitrariamente. No ha declarado la caducidad de la AAI pese a concurrir sus requisitos, no se ha considerado como modificación sustancial el nuevo proyecto, se ha evitado la emisión de informes jurídicos y técnicos ( hemos solicitado a los parlamentarios que los soliciten ellos pues no se han emitido o no nos los han querido facilitar pese a haberlos requerido judicialmente).

– Con esa actitud el órgano ambiental está haciendo dejación de su principal función desde el prisma del derecho comunitario: la prevención en el funcionamiento de las instalaciones industriales más contaminantes a través de laautorización ambiental integrada, donde la vocación debe ser preventiva y de protección del medio ambiente, con la finalidad de evitar, o, al menos, reducir, la contaminación. A nadie se le escapa que el órgano ambiental incumple dicho deber desde el momento en el que permite o autoriza una instalación contaminante sin constarle fehacientemente su necesidad.

– En la constitución del Consorcio GHK y en su régimen de funcionamiento se está aplicando la Norma Foral 6/2007, de 10 de abril, reguladora de las entidades de ámbito supramunicipal del Territorio Histórico de Gipuzkoa, cuando en la composición del Consorcio se encuentra una Mancomunidad (Debabarrena) compuesta por municipios de Gipuzkoa y Bizkaia (Ermua y Mallabia). Esto es ilegal e incumple los artículos 102. 2, 103 y 106 de la ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi. Las Normas Forales sólo pueden aplicarse pues no puede aplicarse a “las mancomunidades de municipios y otras fórmulas asociativas de entidades locales pertenecientes a un solo territorio histórico” mientras que las mancomunidades de municipios pertenecientes a más de un territorio histórico o los consorcios en igual situación se regirán por lo dispuesto en la Ley 2/2016, de 7 de abril, de Instituciones Locales de Euskadi.

Como deriva de lo anterior tampoco es de aplicación el Decreto Foral 24/2010, de 28 de setiembre, de creación y regulación del Tribunal Administrativo Foral de Recursos Contractuales, careciendo dicho órgano foral para ejercer la competencia de resolver el recurso especial que ante ella se formuló por FCC. Por ese motivo exigimos que el Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Euskadi que ejerza inmediatamente sus competencias a través de las acciones administrativas correspondientes, a fin de que se retrotraiga el expediente al momento de la presentación del recurso, con inmediata suspensión del contrato adjudicado.

-La Disposición adicional Octava de la Ley 5/2010, de 23 de diciembre establece que el Órgano administrativo de recursos Contractuales autonómico creado en la misma es el competente para conocer “del recurso especial en materia de contratación interpuesto contra un acto de las entidades locales integradas en el territorio de dicha Comunidad, lo que es el caso de GHK a la que le es de aplicación el régimen jurídico establecido en el régimen local tal y como ya han venido reconociendo ambos tribunales administrativos en otros precedentes.

– No terminan ahí las ilegalidades jurídicas y el riesgo financiero. Tal y como denunciado esta asociación denunció ante el Senado en julio de este año la ingeniería administrativo-financiera del contrato es un fraude que busca evitar que la inversión compute como deuda pública y a efectos de déficit presupuestario. Esta asociación en base a un informe pericial serio y fiable defiende que no estamos ante un verdadero contrato de concesión de obra pública por no trasladarse el riesgo operacional al concesionario sino sustentarlo la administración pública (se le garantizan beneficios) por lo que va a poner en manos de las autoridades europeas el asunto (EUROSTAT, Comisión Europea).

– En definitiva, todo este castillo de arena de 1000 millones de euros carece de cimientos sólidos, tanto competenciales, como jurídicos y financieros. ¿hemos preguntado a los parlamentarios si se va a mantener este Parlamento impasible ante esta realidad haciendo dejación de sus competencias? ¿Asumen la responsabilidad que puede derivarse del fracaso de este planteamiento y del incumplimiento de la legislación aprobada en esta sede parlamentaria? Extendemos la misma pregunta a los responsables forales.

 

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