GuraSOS denuncia ante las cortes generales (Senado) el incumplimiento por el proyecto de la incineradora de Gipuzkoa de la normativa europea y estatal sobre déficit público y endeudamiento y la innecesariedad de la infraestructura.

GuraSOS HA DENUNCIADO ANTE LAS CORTES GENERALES (SENADO) QUE EL PROYECTO DE LA INCINERADORA TIENE UN TALÓN DE AQUILES FINANCIERO. ESTE ES EL PRIMER PASO. A FINALES DE SEPTIEMBRE LLEVARÁ LA DENUNCIA A BRUSELAS (COMISIÓN EUROPEA) Y AL PARLAMENTO EUROPEO. ESTA SEGURA QUE EL PROYECTO NO VA A PODER MATERIALIZARSE Y SE PREPARA PARA LA NUEVA FASE DE CONSTRUCCIÓN DE UN GRAN ACUERDO PARA SOLUCIONAR DEFINITIVAMENTE LA GESTIÓN DE LOS RESIDUOS SIN ESTA INFRAESTRUCTURA.

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Aprovechando que estos días se ha debatido en las Cortes Generales sobre el techo de gasto público, el 12 de julio de 2017 GuraSOS ha hecho en una cita acordada en el propio Senado, una denuncia de calado al respecto precisamente del incumplimiento por el proyecto de la incineradora de la normativa europea y estatal sobre déficit público y endeudamiento.senatuko txostena

Nos hemos reunido con representantes y senadores de Unido-Podemos, ERC, PSOE y EH-Bildu. Había sesión plenaria en el senado precisamente con la presencia del Ministro de Economía y Hacienda, Cristobal Montoro, monográfico sobre deficit y endeudamiento. Hemos pedido los contactos y les hemos facilitado el dossier al grupo Popular y a Ciudadanos. Además la visita ha servido para ir preparando una iniciativa parecida a esta, pero en el parlamento Europeo.

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Finalmente se ha realizado una comparecencia de prensa para hacer una valoración de la reunión y de las gestiones realizadas.

La valoración de GuraSOS sobre la jornada de hoy es muy positiva. Hemos encontrado una gran receptividad de todos los grupos con los que hemos estado, ante la denuncia que GuraSOS ha llevado a las cortes generales. También es de destacar que el propio ministro Montoro ha recibido personalmente el dossier que GuraSOS ha llevado denunciando el fraude en relación a la financiación de la incineradora.

 

Según ha explicado un miembro del equipo jurídico-económico de GuraSOS, el Contrato de concesión de obra pública para el diseño, construcción y explotación de una planta de valorización energética (incineradora de residuos) por un importe aproximado 1.000.000.000 euros es un FRAUDE a la legislación de contratos y a la legislación de estabilidad financiera y sostenibilidad financiera porque el concesionario privado (EKONDAKIN) que reúne a la financiera MERIDIAM (50%), URBASER (46%) a la Ingeniería LKS y a las constructoras MURIAS, MOYUA y ALTUNA URIA (4% entre las 4) NO ASUME EL RIESGO OPERACIONAL. Todo lo contrario, el contrato (la administración) garantiza a sus accionistas el retorno de la inversión y le asegura una rentabilidad nominal después de impuestos de un 10,50%.

Para ello el 82,27% de los ingresos del proyecto los recibe como un Pago por Disponibilidad, es decir como una tarifa plana independiente de la cantidad de residuos tratados. Esos ingresos se recibirán aunque no se queme 1 sola tonelada de residuos.

GuraSOS ha apoyado sus conclusiones en un Informe pericial realizado por un Catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad Autónoma de Madrid realizado por encargo de la Mancomunidad de municipios de Tolosaldea.

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La asociación ha denunciado la innecesariedad de la infraestructura y la falta de planificación estatal y coordinación para la racionalización de este tipo de infraestructuras. Según la patronal del sector de la valorización de residuos (incineradoras) en todo el Estado harían falta 17 incineradoras (actualmente hay 11). A la Comunidad Autónoma Vasca por población le correspondería contar con 0,79Ya tiene una en Bizkaia.

Una inversión de más de 1.000.000.000€ carece de la más mínima justificación. La CAV no cuenta con un Plan de residuos urbanos y se está incumpliendo el deber de su adaptación al estatal (PEMAR) y a la Ley Estatal de residuos y suelos contaminados. Eso explica y permite que se acuerde en Gipuzkoa invertir 1.000 millones de euros sin analizar siquiera si es necesaria a nivel autonómico porque Zabalgarbi (la instalación de Bizkaia) podría dar ese servicio.

Por si eso fuera poco el Plan Foral de Gipuzkoa expiró en diciembre de 2016 y la administración foral no ha querido tramitar otro que lo sustituya, principalmente porque quiere impedir el debate sobre estas cuestiones y la participación ciudadana (legalmente obligatoria en su tramitación).

También han denunciado la absoluta y grave falta de control de la eficiencia y sostenibilidad de los millonarios contratos de concesión de obra pública como el denunciado en este caso. En 2015 se creó por Ley la Oficina Nacional de Evaluación para analizar este tipo de contratos y en concreto para impedir maniobras de fraude que pretendan ocultar bajo esta figura lo que en realidad son contratos de obras con el fin de evitar que su importe compute como lo que verdaderamente es: endeudamiento público. En dos años no se ha puesto en marcha la mencionada Oficina.

El descontrol y el fraude toma una magnitud estructural y organizada. Tampoco ha existido ningún control interno por la Intervención de la administración contratante (Consorcio de Residuos de Gipuzkoa). La normativa europea (reglamento del sistema europeo de Cuentas y la Directiva 2011/85/UE de los marcos presupuestarios de los estados miembros) dan una importancia crucial a este tipo de controles internos y externos.

Y finalmente un organismo estatal, la Comisión Técnica de Cuentas Nacionales ha emitido un informe el 18 de abril que aunque tampoco analiza la transferencia o no del riesgo operacional considera a efectos contables que “el coste de la inversión no tendrá incidencia sobre el déficit y la deuda pública”. Como el propio informe señala dicha conclusión está “en cualquier caso supeditada a un posible análisis del mismo por parte de Eurostat”, la agencia europea encargada del seguimiento sobre las finanzas públicas en el contexto del protocolo de déficit excesivo en la UE.

GuraSOS va a denunciar ante el Eurostat (Comisión Europea) este caso y va a poner en manos de las autoridades y la mencionada agencia europea toda la documentación de la que dispone.

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Este tipo de fraude va a conllevaruna vez descubiertos por las instancias europeas a unos posteriores ajustes con cargo a recortes sociales y reformas laborales. descarga (4).jpgDe hecho esto ya ha ocurrido con las Asociaciones Público Privadas Institucionales (mercantiles de capital público) utilizadas en el pasado con idéntico fin defraudatorio y a las que puso fin la UE con el citado Reglamento de 2013 que aprobó el nuevo SEC Sistema Europeo de Cuentas). Es por ello que va a plantear a los sindicatos una acción intersindical a nivel europeo para denunciar este tipo de fraudes y una acción coordinada para evitar que fondos de pensiones de trabajadores europeos terminen financiando infraestructuras fraudulentas a través de la compra de bonos de inversión que se emiten para su financiación. Por una sencilla razón, sería tanto como tirar piedras contra su propio tejado, pues el déficit público y el endeudamiento que terminarán computando terminará descansando finalmente en las espaldas de sus nóminas y derechos sociales.

Esta iniciativa se une a la llevada a cabo ante la financiera Meridiam a la que GuraSOS le ha trasladado su preocupación por los aspectos medio ambientales y de derechos cívicos que entiende no se han garantizado en el procedimiento, así como la incertidumbre sobre el futuro de Urbaser y las graves sospechas de corrupción que pesan sobre la misma, en aras a que puedan valorar si la misma cumple con los compromisos recogidos en su carta ética. Principios que rechazan transacciones que pudieran estar salpicadas por la corrupción, la falta de garantías de cumplimiento de los derechos fundamentales de la sociedad. Principios que promueven aquellos proyectos respetuosos con el medioambiente y el desarrollo de economía local.

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