GURASOS. Valoración de la negativa de la Diputación y legitimidad

La Diputación ha rechazado la propuesta interpuesta por GURASOS para abrir un proceso de participación para decidir hacer o no la incineradora. GURASOS valora que esta decisión es una desconsideración hacia l@s ciudadan@s , y hace un llamamiento a la sociedad para que, ahora más que nunca, esta haga oír su voz. 

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  • Desconsideración a la ciudadanía. El hecho de no recibir y dar plantón a los solicitantes demuestra una desconsideración a la ciudadanía que se materializa con la negativa a a brir un diálogo y un debate alegando que ya ha habido participación suficiente y que hay prisas para materializar un Plan cuando realmente no se va a licitar las infraestructuras previstas en esos planes sino unas “redimensionadas” que todavía no han sido tramitadas ante las Juntas Generales. Si finalmente no se va a materializar el Plan anterior y éste ha de modificarse la participación ciudadana previa es obligatoria legalmente y necesaria políticamente y desde luego no procede licitar lo que aún no se ha aprobado.
  • Fracaso de la democracia representativa. lejos de lograr cohesión social han alimentado un conflicto, buscando vencedores y vencidos, priorizando la búsqueda de réditos electorales y después de 14 años, se dice pronto 14 AÑOS !! el PIGRUG está a punto de expirar sin que se haya cumplido ni materializado y sin que tengamos sobre la mesa el nuevo plan. Sin embargo ahora no pueden “perder” 6 meses para dar una oportunidad a que se logre un acuerdo impulsado por la ciudadanía.
  • Posición débil del Gobierno Foral. La apuesta de seguir adelante con la licitación, sin aceptar el debate propuesto por la sociedad ,lejos de responder a una posición de fortaleza prueba la debilidad de su planteamiento. Si se niegan siquiera a debatir socialmente antes de adoptar la decisión definitiva es porque tienen la seguridad absoluta de que el resultado de ese debate no va a bendecir sus planteamientos actuales. Demuestran miedo a la propia sociedad a la que representan y a la que deben servir.
  • La legitimación de la mayoría democrática del proyecto redimensionado de la incineradora que alega el Gobierno Foral no es tal, o por lo menos es más que discutible y en cualquier caso no cabe contraponerla a la legitimidad democrática de la sociedad en el ejercicio de su derecho fundamental a la participación:
    • Por un lado el proyecto que sacan a concurso no ha sido debatido y aprobado por las propias Juntas Generales. Es obvio que pretenden modificar el actual PIGRUG y definir una infraestructura diferente a la prevista actualmente. Pero empiezan la casa por el tejado y hurtan el debate político previo y lo que nos interesa, el debate social.
    • No es cierto que los partidos que apoyan ahora licitar la incineradora hicieran en sus programas electorales a elecciones a JJGG de 2015 una apuesta clara en tal sentido. Así el PSE dejaba abierta también la posibilidad de negociar con otras instituciones vascas la posibilidad de trasladar a Zabalgarbi la fracción resto para su eliminación en aquélla planta incineradora bizcaina.No era pues una propuesta cerrada. Por su parte el PNV se comprometió públicamente “a impulsar la retirada del sistema PaP y a actualizar el PIGRUG y construir las plantas de tratamiento de residuos previstos en dicho Plan una vez actualizado”.
    • Si vamos a las cifras, de un censo de 556.038 gipuzcoanos 195.134 (35,09%) se abstuvieron frente a los 171.979 que votaron a los partidos que ocupan el gobierno foral. Estos representan más o menos el 30 % del censo, frente a un 70% que según sus manifestaciones no habrían apoyado la construcción de la incineradora.
    • Ya hemos señalado que tampoco es cierto que eso sea así atendiendo a la literatura de los propios programas electorales y manifestaciones de sus líderes que se encuentran disponibles en sus páginas web, donde las hemos podido consultar. Pero aunque así fuera, tampoco es cierto o legítimo que los partidos mantengan “cautiva” la voluntad del votante, de manera que se arrogaría la representación de éste en cualquier decisión, incluso aquellas que afectan a su salud.
    • En los asuntos que afectan a la salud el consentimiento tiene que ser informado, tenemos derecho a saber y conocer TODA la información sobre los posibles efectos en la salud de la incineradora. Hasta tanto no se de esa garantía no existe consentimiento válido y legítimo.
    • El límite de la legitimación democrática de los partidos es la legitimación democrática de los ciudadanos. Hemos dicho muchas veces que en temas que afectan a la Salud o a la integridad de nuestros hijos, los responsables somos nosotros y nadie nos representa. Los mandatarios debieran saber, reconocer y respetar democráticamente que su mandato representativo tiene ciertos límites y que no alcanza a la anulación de la voluntad de su votante ni al ejercicio por este de sus derechos fundamentales de expresión y participación política directa, sin intermediarios. Incluso le asiste el derecho a modificar o matizar su opinión y a hacerlo antes de los 4 años que van de votación a votación.
    • El ahora Diputado General Sr. Olano se comprometió en Orona en su campaña electoral a un cambio para “compartir, no para imponer. Apostamos por renovar la forma de gobernar Gipuzkoa” aludiendo directamente a los procesos de participación.
    • Aunque no sea algo extraño, no podemos aceptar como normal que lo que se defienda en la oposición pase a no ser aplicable cuando gobierno. ¿Qué legitimidad democrática tenían los partidos o ciudadanos que residían en un municipio donde la mayoría absoluta había decidido implantar el sistema PaP para solicitar que se iniciara un proceso de participación al efecto? Toda la del mundo. ¿Lo entendían así los partidos ahora en el Gobierno Foral? Así es. ¿Y, qué pasa ahora, porque ahora niegan esa legitimación a quienes solicitan un proceso participativo sobre la incineradora? ¿Pretenden “imponer”, siguiendo su propia terminología, esa mayoría del 30% del censo sin un proceso de participación? ¿Es eso democráticamente legítimo?

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Impedir el ejercicio pleno y libre del derecho de participación solicitado por la ciudadanía por los cauces legales carece en absoluto de legitimación democrática alguna. Reducir la democracia a la democracia representativa no parece muy legítimo.

Hemos pasado de un conflicto sobre la forma de gestión de los residuos a un conflicto democrático donde la sociedad, con independencia de su opinión sobre dicha gestión debe rebelarse para dejar claro que tiene voz, además de voto y que no acepta la imposición, venga de donde venga, mucho menos en su nombre.

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Utzi erantzun bat

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